Ladrones estafados

El 26 de agosto de 1881 una banda de delincuentes, Los Caballeros de la Noche, intentó extorsionar a la familia Dorrego con el robo de un ataúd familiar del cementerio de la Recoleta.

El día anterior, Felisa Dorrego de Miró recibió una carta en la que se le informaba: "Los restos mortales de su finada madre, doña Inés de Dorrego (cuñada del fusilado ex gobernador de Buenos Aires, Manuel), que reposaban desde poco tiempo en la bóveda de la familia de los Dorrego, han sido sacados por nosotros mismos". En la nota, además de destacar que el ataúd se encontraba "fuera del campo santo de la Recoleta", se les pedía "deshacerse de cinco millones de pesos moneda corriente", cantidad que los secuestradores juzgaban "una friolera, una cantidad insignificante?" para "las ricas y generosas herederas".

Después de hacer algunas alusiones acerca de lo mal que miraría la sociedad porteña que la familia no se desprendiera de "un poco de oro" para recuperar el cuerpo, se aseguraba: "Todas las precauciones, todas las medidas que aconseja la prudencia, han sido tomadas por nuestra parte y serán tomadas para burlar en todo y por todo la acción de la policía".

Anoticiada la policía, sacaron la conclusión de que, por peso y volumen, el ataúd aún se encontraba dentro del cementerio. Y ahí estaba: se lo halló en otra bóveda. Así, en lugar de los billetes del rescate, se recortaron una cantidad de papeles y se dispusieron en una caja roja, lo que le entregaron al emisario de los secuestradores cuando se presentó en la casa de la afligida hija.

Finalmente, se consiguió detener a los siete miembros de la banda, entre ellos al cerebro de la trama, un belga de 27 años de origen aristocrático llamado Alfonso Kerchowen de Peñarada.

En el juicio, que se realizó dos años después, los acusados fueron culpados de faltas disciplinarias menores, por lo que salieron en libertad, ya que el Código Penal de entonces no contemplaba el hecho como delito.

Y es por este mismo episodio que en 1886 se incluyó en el Código un artículo en el que se impone de dos a seis años de cárcel "al que sustrajere un cadáver para hacerse pagar por su devolución".
(Con los muertos, no se jode)